El pasado 18 de septiembre de 2024, la Asociación para la Transición Energética (ATE) compartió una serie de observaciones fundamentales en el marco de la consulta pública sobre la revisión de la metodología de retribución del transporte de energía eléctrica para el próximo periodo regulatorio 2026-2031. Estas propuestas buscan garantizar una planificación más flexible y un marco retributivo predecible que fomente la inversión y modernización de las redes eléctricas, elementos cruciales para la transición energética y la integración de energías renovables en España.
La ATE destacó que las redes de transporte y distribución de electricidad son una pieza clave en la transición energética y digital, ya que permiten la integración de fuentes de energía renovable y la flexibilidad de la demanda. Advirtió que sin el fortalecimiento de estas infraestructuras, España podría ver comprometidos sus objetivos de electrificación y descarbonización, afectando a proyectos estratégicos en el país.
Entre las principales propuestas presentadas por la asociación, se subraya la necesidad de revisar la planificación de redes de forma periódica, sugiriendo una revisión cada dos años para agilizar la respuesta a las necesidades de generación y consumo eléctrico. Asimismo, la ATE enfatizó la importancia de anticipar las inversiones necesarias para el sistema eléctrico, evitando así la gestión individualizada de cada solicitud de conexión.
Además, la organización recomendó eliminar el actual límite legal de inversiones en infraestructuras eléctricas, lo que permitiría acometer los retos de la descarbonización y modernización del sistema. También subrayó la necesidad de simplificar y hacer más estable el marco retributivo, adaptándolo a los nuevos desafíos de la transición energética y asegurando una rentabilidad justa y competitiva para las empresas del sector.
La ATE estima que, para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España necesita una inversión acumulada de más de 55.000 millones de euros en redes y electrificación hasta 2030. Sin una planificación ágil y un marco que incentive estas inversiones, el país corre el riesgo de perder oportunidades industriales y económicas clave en los próximos años.
La Asociación para la Transición Energética concluyó que este es un momento crucial para sentar las bases de un modelo energético sostenible y competitivo. Reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y el sector privado para asegurar que las redes eléctricas estén a la altura de los desafíos del futuro y continúen apoyando la transición hacia una economía baja en carbono.
Fuente: interempresas.net